El legislador fue patrocinado por la abogada Florencia Arieto. Se le pide a la justicia que se investigue "el incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de caudales público por parte del Ministro, en virtud del decreto 41/2021 que asignó al Ministro de salud a cargo del operativo de vacunación.
Reclama que "se intime de manera inmediata al gobierno bonaerense a la apertura de los datos vinculados a la vacunación" pudiéndose conocer entonces "el tamaño del daño y alcance delictual, se conocería así a quienes se ha inoculado la vacuna transgrediendo pautas establecidas y consumando esta degradación ética"
Fiscal de Estado
El legislador también pidió que que el Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, se constituya como querellante en la causa.
Extrema gravedad
En los considerandos de la presentación judicial, Allan considera que resulta "de extrema gravedad institucional, además de condenatorio ética y moralmente, que funcionarios y civiles en general que no se encontraban en el grupo de riesgo prioritario se han inoculado una vacuna que al momento resulta escasa incluso para satisfacer la demanda de ese propio conjunto de personas determinadas"
Ejemplos de Quilmes
En la denuncia habla de personas que no no deberían haberse vacunado y pone como ejemplo a funcionarios y dirigentes de Quilmes. Allí menciona a, Claudio Arévalo, secretario general de ATE Quilmes; a Mayra Martínez, licenciada en biotecnología, funcionaria de la Dirección de Bromatología del Municipio de Quilmes; a Nahuel Ezquieta, director de Zoonosis del mismo Municipio; al secretario de Salud de la comuna quilmeña, Jonatan Konfino; a Leandro Cardonetti, subsecretario de Salud del Municipio también de Quilmes y a Javier Ibarra, empleado municipal de Bersisso.
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