Procesaron a ex funcionarios de Francisco Gutiérrez, a proveedores y a cooperativistas por la causa de las cooperativas Argentina Trabaja

Claudio "Lalo" Olivares

Después de siete años de iniciada la causa, el titular del Juzgado Federal 1 de Quilmes, Luis Armella,  procesó a ex funcionarios de la gestión del intendente Francisco “Barba” Gutiérrez, a proveedores y responsables de cooperativas correspondientes al Programa Argentina Trabaja. Para la justicia hay elementos suficientes para considerar que se cometieron ilícitos como defraudación al Estado. En vez de decretarles el arresto les aplicó un embargo para que puedan continuar gozando de libertad hasta tanto se realice el juicio y sean condenados o no.
Lo extraño es y así lo resalta la abogada denunciante,  ahora diputada nacional Mónica Frade, que no se haya ni siquiera citado a declarar al ex intendente Francisco Gutiérrez. Tiene media docena de funcionarios procesados sospechados de defraudación. Seguramente para el juez Luis Armella, el Intendente no era Intendente o los hechos no ocurrieron en su gestión.



Son varios los funcionarios procesados y liberados de prisión, además de comerciantes y empresarios vinculados al Programa Argentina Trabaja y  presidentes de las cooperativas investigadas.

SERVICIOS NO PRESTADOS

El juez, en su resolución habla de un “ardid desplegado   de consumo   entre   los   diversos   actores   consistió   en   hacer   figurar   en   la documentación  respaldatoria de algunas obras (especialmente en las facturas y   demás  constancias   necesarias   para  la   emisión   de  la   orden  de   pago),  la provisión   de   bienes   o   servicios   de   parte   de   ciertos   proveedores   sin   que
existiese la contraprestación o aún cuando la misma fuese en detrimento de lo pactado, a sabiendas de ello; aprovechándose para tal fin de las circunstancias especiales dadas por la implementación del plan nacional aludido”.

FUNCIONARIOS PROCESADOS

Luego de haber sido imputados y el correspondiente llamado a indagatoria, el juez procesó a los siguientes funcionarios. Los eximió de prisión preventiva en virtud de que siempre estuvieron a derecho y considera que no hay peligro de fuga. Si les aplicó una garantía o fianza monetaria.
Están procesados por defraudación a la administración pública y incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos.
Guillermo Robledo, quien ocupaba el cargo de secretario de Producción. Fue el máximo responsable de ejecutar el programa Argentina Trabaja. El juez le aplicó la suma de dos millones de pesos de fianza.
Alejandro Tózzola, quien era el secretario de  Hacienda. Le aplicó una fianza de un millón de pesos.
Claudio “Lalo” Olivares. Ocupaba el cargo de secretario de Medio Ambiente. Se le aplicó una fianza de un millón de pesos.
Roxana González. Fue quien estuvo al frente de la secretaría de Obras Públicas. Se le aplicó una fianza de un millón de pesos.
Leda Cejas y José Luis Pavón. Eran funcionarios que tenían a su cargo la administración y organización de los trabajos del Programa Argentina Trabaja y dependían directamente de Guillermo Robledo. Se les aplicó una fianza de 700 mil pesos a cada uno.
El otro funcionario que fue procesado es Julio Alberto Sevilla. Era un operador importarte en la organización del programa. Se le aplicó una fianza de 500 mil pesos.

PROVEEDORES PROCESADOS

El juez también procesó a proveedores vinculados al programa. También fueron eximidos de prisión y se les aplicó una fianza. Se trata de:
Carlos Alberto Toledo. Se lo señala como uno de los proveedores más influyentes durante la administración de Francisco Gutiérrez. Se le aplicó una fianza de un millón de pesos.
Andrés Sersing, un millón de pesos; Fabián Blanco, quinientos mil pesos; Diego Hernán Portillo, 500 mil pesos; Aniceto Antonio Cañete, quinientos mil pesos; María Florencia García Ripa, doscientos mil; Fabián Claudio Giurcin, doscientos mil; Pedro Ubaldo Carroza, doscientos mil; Silvia Quiroga, doscientos mil;  Diego Damián Bareiro, doscientos mil; Juan Javier Díaz, doscientos mil; Ernesto Edgardo Palacioes, doscientos mil; Ariel Héctor Monteagudo, ciento cincuenta mil; María Pía Vilardebo, cientocincuenta milM; Víctor Daniel Díaz, cientocincuenta mil; Omar Alejandro Ditoro; cientocincuenta mil; Gustavo Daniel Ditoro, cientocincuenta mil.

COOPERATIVISTAS PROCESADOS

Fueron también procesados y eximidos de prisión con el pago de fianza de cincuenta mil pesos cada uno, los siguientes presidentes de cooperativas vinculadas al Programa Argentina Trabaja:
Hugo Darío Gómez; María Inés Morcillo; Mabel Irene García; Hilario Cáceres, Eduardo Acosta; Silvina Beatriz De los Santos; Ariel Andrés Barraza; Edgardo Gustavo Torres; Dario Vicente Blanco; Aniceto Amadeo Campos; Sergio Daniel Aguilera; Nasaria Lucila Vargas y Olga Beatriz Benitez.

VARIAS CAUSAS UNIFICADAS

La denominada causa de Las Cooperativas de Quilmes, se inició cuando el programa televisivo
Periodismo Para Todos, de Jorge Lanata, emitido por canal 13, en Septiembre de 2012, da a conocer “desmanejos” de fondos que desde el ministerio de Desarrollo Social de la Nación llegaban al Municipio de Quilmes por el programa de cooperativas Argentina Trabaja.
En principio se hablaba de funcionarios que cobraban cheques en ventanillas correspondientes a cooperativas que “no tenían conocimiento del manejo de los fondos”
Hubo varias presentaciones judiciales. Entre ellas la de varios entonces concejales, entre ellos Fernando Pérez (hoy diputado provincial), Mario Sahagún, Oscar García y Diego Buffone. Fueron acompañados por diputados naciones del radicalismo
Esa presentación se efectuó en Tribunales Federales de Comodoro Py y en principio la tomó el fiscal Carlos Stornelli. Allí se presentó documentación que tenía relación al “desmanejo” con respecto al dinero que llegaba a Quilmes para la realización de obras, servicios y adquisición de herramientas.

MONICA FRADE

Otra presentación estuvo a cargo de la abogada quilmeña Mónica Frade, hoy diputada nacional de la Coalición  Cívica. La realizó en el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella. A diferencia de la otra causa, consideraba que era el juzgado local el que debía intervenir porque el posible delito se habría cometido en Quilmes.

CAMARA LENTA

La causa tiene mucha documentación que le da fuerza a lo denunciado. La doctora Frade aportó también una valiosa documentación y siguió la causa de cerca.
La misma se desarrolló en cámara lenta. Hubo pedidos de peritajes a la documentación que le dieron fuerza a la denuncia; se tomó declaraciones a cooperativistas, proveedores, empleados y funcionarios del Municipio.
El juzgado consideró que había suficientes elementos para imputar a quienes acaba de procesar.
Seguramente este acto será apelado y será la Cámara la que convalidará o rechazará los procesamientos.

FRANCISCO GUTIERREZ

A través de redes sociales, la diputada Mónica Frade ha sido muy irónica y crítica a su vez con el juez Armella, quien no ha llamado a declaración indagatoria ni ha ni siquiera mencionado al jefe jurídico y político de los procesados, el entonces intendente Francisco Gutiérrez.
Esta omisión por parte del juez Armella mereció comentarios de parte de allegados al ex jefe comunal. Desde hace más de dos años se señalaba que “Armella no tocaría Gutiérrez”. Algunos hablan de un casual encuentro que ambos tuvieron en un cumpleaños del diputado Carlos Kunkel.

Pedro Navarro Robles.